ACCION DE AMPARO. UTILIZACION PRACTICA. EJERCICIOS DE ESTA ACCION.

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Por Dr. Jorge A. Germano

Abogado

Egresado de la Facultad de derecho de la UNLZ

Especialista en derecho sucesorio

Autor de numerosas obras del derecho sucesorio –https://garciaalonso.com.ar/atributo/autor/jorge-a-germano/-

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Desde la última reforma a la Constitución Nacional en el año 1994, se incorporo a la misma una serie de nuevos derechos y garantías para los ciudadanos y habitantes del país que se va modificando paulatinamente a través de los tratados internacionales con jerarquía constitucional -art. 75 inc. 22 de la Constitución- los cuales una vez aprobados en tal jerarquía pasan a integrar la prelación normativa que la Constitución misma; además de los derechos implícitos previstos por el art. 33 del mismo cuerpo legal.

También se debe sumar a ellos los derechos que surjan de las normas dictadas por los organismos supranacionales creados y de los cuales forme parte la Republica Argentina mediante los respectivos tratados aprobados y en los limites de estos, tales como el MERCOSUR.

Los derechos que se reconocen en nuestra Constitución son variados desde

los políticos, sociales y civiles; podemos destacar el derecho a la salud -corolario del derecho a la vida como sostiene nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos-, derecho a ejercer industria licita, a protección en el seno del trabajo (vacaciones, despido arbitrario, participación en las ganancias de las empresas, régimen sindical), a habitar un medio ambiente sano, el derecho al trato digno y equitativo en tanto consumidores, a la no discriminación por raza, sexo, orientación sexual, religión, etc.; ello entre muchos otros que surgen del plexo Constitucional o de los tratados internacionales que poseen la jerarquía de la Constitución.

Sin embargo, muchas veces por el actuar de los órganos del estado -cualquiera de sus tres poderes- o bien por actos particulares de personas físicas o jurídicas -ya sea basándose en los actos generales de un poder del estado o bien por su propio actuar- provocan que estos derechos reconocidos a los particulares se vean vulnerados de alguna forma.

Para impedir la continuada afectación de cualquiera de esos derechos, nuestra Constitución Nacional prevé en su art. 43 la figura del instrumento del amparo como medio judicial para restaurar el derecho que está siendo socavado o en vías de ser afectado por el acto general de un poder del estado -de cualquier estamento claro, sea Federal, Nacional, Provincial o Municipal- o del particular con o sin fundamento en normas jurídicas generales.

A nivel Federal y Nacional rige la ley Federal n° 16.896 para el aspecto procesal de la acción de amparo, sus requisitos y ejercicio.

Esta figura esta regulada a su vez en las provincias por sus respectivas leyes locales también para la protección dentro de su ámbito territorial de los derechos consagrados en la Carta Magna Federal así como en las Constituciones Provinciales.

Cabe finalmente mencionar que la acción de amparo es una acción expedita

que frente al ultraje de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional restaura los mismos por orden del respectivo Juez competente.

Estos derechos reconocidos por la Constitución Nacional y sus partes provinciales, como cartas municipales -en aquellas provincias donde la autonomía municipal es ejercida correctamente- pueden serlo particulares -que afectan a una determinada persona- o bien colectivos -es decir que por el alcance que tienen protegen a un grupo indeterminado de sujetos y pueden verse afectados un grupo general- tal es el caso del derecho a un medio ambiente sano o derechos del consumidor.

La acción de amparo podrá tramitar ante el Fuero Federal, Nacional o Provincial según los lineamientos de cada jurisdicción, el derecho que se encuentra vejado, la parte demandada y por supuesto la materia y domicilio de las partes. Es tarea del abogado determinar cuál es correctamente de acuerdo con las leyes existentes vigentes en la materia.

Para que la acción pueda ejercerse debe existir un derecho constitucional que este en vías de ser afectado o ya se afecta sobre el particular o el colectivo de sujetos sea por el actuar de un poder del estado mediante sus normas generales o bien por los actos de los particulares fundados en ellos o por su propio actuar.

Asimismo, no debe existir otra vía judicial idónea para proteger el derecho, es decir que no puede interponerse un amparo cuando la afectación al derecho posee otra vía igualmente rápida que permita salvaguardar al mismo.

Por último, debe decirse que la acción de amparo no solamente se presente frente actos generales o particulares sino también ante omisiones por parte de las autoridades o de los particulares que provocan el menoscabo del derecho constitucional.

Por estos días cobro notoriedad esta figura para evitar la afectación de

derechos constitucionales por aplicación del DNU n° 70/2023 principalmente en lo que hace a la salud por motivo de la desregulación y libertad absoluta en la fijación de valores de las cuotas mensuales que determinan las entidades de servicios de medicina prepaga, sin perjuicio de otros amparos surgidos por la pretendida reforma laboral que se enmarcaba en el mismo decreto, la derogación general de leyes como la de tierras, planteos que en algunos casos concluyeron favorablemente dictando el amparo respectivo frente a inconstitucionalidad del referido decreto.

En cualquier caso, se recomienda que frente a situaciones de este tipo el particular o colectivo afectado consulte con su abogado de confianza a fin de garantizar el derecho que se estaría afectando.